La Masonería del Uruguay lamenta el fallecimiento del periodista Claudio Paolillo, que recibiera el premio “Libertad de expresión del pensamiento”, otorgado anualmente por la Gran Logia, en 2015.

Nos deja un legado de profesionalismo y de compromiso con la libertad.  

 

 

 

 

 

 

 

Sin Libertad no vale la pena vivir

 

Luego de recibir el premio “Libertad de Expresión del Pensamiento” 2015 en el acto celebrado en el Ateneo de Montevideo el viernes 18 de setiembre de 2015, el periodista Claudio Paolillo brindó la conferencia que sigue:

 

 

“Lo primero que debo hacer es, como corresponde, agradecer este reconocimiento que la Masonería del Uruguay ha resuelto hacer de mi trayectoria como periodista y como promotor y defensor de la libertad de expresión, dentro y fuera del Uruguay, a lo largo de toda mi vida.

Es un honor para mí haber sido distinguido por ustedes con este premio que, seguramente, muchos otros luchadores por la vigencia de este derecho humano básico y fundamental merecen tanto o más que yo.

Pero ustedes han resuelto este año poner sus ojos en mi persona, cosa que, reitero, mucho les agradezco y mucho me honra. Permítanme dedicar este premio a mis compañeros del semanario Búsqueda, que son desde hace 30 años mi segunda familia y con quienes practicamos todos los días la libertad de expresión y la libertad de prensa.

El periodismo, si es ejercido libre y honestamente, es un oficio muchas veces altamente riesgoso, que en no pocos países puede significar hasta la muerte para quien lo ejerce, es un oficio para el cual hay que tener una espalda curtida y es un oficio que en ocasiones hace que quienes lo practicamos acabemos distanciados de amigos o, incluso, de familiares.

Si esto es así, ustedes se preguntarán por qué no nos dedicamos a otra cosa. Lo que pasa es que quienes tenemos el “bicho” del periodismo sentimos que las satisfacciones que nos brinda son muy superiores a los sinsabores. El periodismo es fascinante porque supone en sí mismo un acto de servicio a los demás: nosotros andamos por ahí tratando de averiguar lo que ocurre, no para contárselo a nuestras familias y amigos, sino para contárselo a toda la sociedad. Y eso —que la sociedad conozca, comente y, eventualmente, decida en función de la información que nosotros pusimos a su disposición—, eso solo es muy gratificante. Esta semana, casualmente, estuve en Ecuador donde numerosas organizaciones de la sociedad civil preocupadas por la libertad de expresión en esta región, entre ellas la Sociedad Interamericana de Prensa, a la que representé en la ocasión, se reunieron en la ciudad de Quito para elevar su voz de alarma ante el avance incontenible de la “censura legal” que el gobierno del presidente Rafael Correa despliega en ese país contra sus críticos, utilizando todo el aparato del Estado para colocarlo a su servicio y montar un sistema de cerrojo a las informaciones y opiniones que no coinciden con lo que él y su gobierno quieren que el pueblo sepa.

El presidente Correa, y muchos otros gobernantes y gente poderosa de estos tiempos y, por cierto, también del pasado, nunca comprendieron que la libertad de expresión del pensamiento es un derecho humano básico, radical y primario de todas las personas desde que nacen. Es un derecho que nos pertenece a todos los individuos; es un derecho no “delegable”; y es la piedra angular para la existencia de una sociedad democrática.

Hay múltiples sentencias en esta materia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que son obligatorias para los Estados y que, sin embargo, son desconocidas demasiado frecuentemente por gobernantes, fiscales, jueces, ciudadanos y, también, por no pocos periodistas. La jurisprudencia de la Corte es muy clara: el derecho de las personas a expresar sus ideas, opiniones o informaciones es una condición sine qua non para que la comunidad, a la hora de ejercer sus opciones, esté suficientemente informada. Y, dice la Corte, una sociedad que no está al menos medianamente informada, no es plenamente libre.

Por eso es contradictorio invocar restricciones a la libertad de expresión como un medio para garantizarla.
“Un sistema de control al derecho de expresión en nombre de una supuesta garantía de la corrección y veracidad de la información que la sociedad recibe, puede ser fuente de grandes abusos y, en el fondo, viola el derecho a la información que tiene la misma sociedad”, nos dice la Corte.

Después de la Segunda Guerra Mundial, el mundo pareció ponerse de acuerdo y el 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas, reunida en París, aprobó la Declaración Universal de Derechos Humanos.
En su artículo 19, la Declaración dice textualmente:

“Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”.

Sin embargo, 67 años después, el panorama es desolador.

Basta con advertir la enormidad del siguiente hecho: la enorme mayoría de los seres humanos que viven en nuestro planeta padecen restricciones totales o parciales para el ejercicio de la libertad de expresión del pensamiento.
Freedom House es una organización no gubernamental, con sede en Washington, que se dedica a promover la democracia, la libertad política y los derechos humanos en el mundo, y, anualmente, difunde estadísticas sobre los asuntos que estudia.

El informe de 2015 de esa institución dice que en este mismo momento en que estamos aquí reunidos, apenas el 14% de los habitantes de la Tierra viven en países donde las personas pueden expresarse libremente.
En el resto del mundo, gobiernos y actores no estatales controlan, más o menos férreamente, el flujo de opiniones o informaciones de los ciudadanos y, en muchos casos, reprimen brutalmente a las voces independientes o críticas.
En el estudio, que abarcó este año a 199 países, Freedom House pudo determinar que apenas 63 naciones pueden ser consideradas “libres”, 71 “parcialmente libres” y 65 directamente “no libres”, en cuanto a las posibilidades que sus habitantes tienen para expresar sus pensamientos.

Uruguay, vale la pena subrayarlo, figura en la selecta nómina de países “libres” y es uno de los tres que integra esa categoría en América Latina, junto con Costa Rica y Surinam. Todos los demás países latinoamericanos, o bien son considerados “no libres” o ingresan en la categoría de “parcialmente libres”. Fíjense: “parcialmente libres” son, por ejemplo, Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Bolivia, Colombia, Perú, Panamá, Nicaragua, Guatemala y República Dominicana.

Y directamente “no libres” son Venezuela, Cuba, Ecuador, México y Honduras.

Si consideramos que el planeta Tierra tiene al día de hoy 7.400 millones de habitantes, y si sólo 14% de ellos viven en países “libres”, eso quiere decir que hay más o menos 6.400 millones de personas que tienen problemas para ejercer su derecho humano a expresarse libremente.

Naturalmente, los problemas varían: los hay extremos y los hay más moderados. Pero el simple dato de que apenas un poco más de 1.000 millones de habitantes de la Tierra gozan plenamente de este derecho humano que debería ser natural e inalienable, nos habla de lo mal que estamos y de la gigantesca tarea que es preciso encarar para revertir esta tendencia tenebrosa.

Aquí, en América Latina, hemos sido herederos de una tradición ibérica según la cual quienes están en el poder nos “conceden” graciosamente el derecho a expresarnos libremente.

Al principio, esos eran los reyes de España y Portugal. Después vinieron virreyes, comendadores, caudillos, revolucionarios, dictadores y, también, presidentes democráticos y parlamentos electos por el pueblo, los que siguieron con la tradición y hasta el día de hoy creen tener la potestad de autorizarnos a hablar o a escribir.

A diferencia de lo que ocurre desde su fundación en la cultura de nuestros vecinos anglosajones de América, en América Latina no está afincada —y no está afincada no sólo a nivel de las autoridades, sino tampoco a nivel de la mayoría del pueblo y de los periodistas— una noción clara en cuanto a que la libertad de expresión es un derecho humano inherente a la persona y que, por lo tanto, existe antes de que cualquier parlamento, cualquier gobierno, cualquier juez, cualquier ley, cualquier constitución y cualquier estado venga y nos diga: “mire, le concedo este derecho”.

Pero curiosamente, o quizá tendría decir “no tan curiosamente”, los que sí han sabido valorar bien la importancia de este derecho han sido los déspotas de todo signo a lo largo de la historia. ¿Qué es lo primero que hacen los déspotas cuando llegan al poder desde tiempos inmemoriales? Tomar el control de la información para evitar que el pueblo sepa. Luego matan, violan, roban y torturan. Pero lo primero que hacen es tratar de asegurarse que el pueblo no se entere de sus fechorías, para poder seguir cometiéndolas.

Cada vez que me ha tocado referirme a este tema de la libertad de expresión del pensamiento, me valgo de un discurso que es, desde mi punto de vista, una de las más profundas, nobles y encendidas defensas de la libertad de expresión realizadas por el hombre en la historia.
Me refiero al discurso del poeta John Milton, pronunciado en 1644 ante el Parlamento inglés para protestar contra la censura de libros, que eran los medios de comunicación de aquél tiempo.

Milton decía, hace 371 años, que no es posible esperar “una libertad en cuyo trecho no se produzca motivo de queja en la República” y que “todos los pareceres y, es más, todos los errores, conocidos, leídos y cotejados, son de capital servicio y valimiento para la ganancia de la verdad más cierta”.

Es decir, tiene que haber libertad para pensar y para decir todo lo que se quiera y aún más: es bueno que haya “quejas” o protestas, porque de la confrontación de ideas puede nacer una nueva luz que no existía antes de esa confrontación y que sin dudas nunca hubiera existido sin esa confrontación, si sólo estuviera permitido expresar una idea o un tipo de ideas y otras, las nuevas, estuvieran prohibidas.

La libertad de expresión es necesaria, incluso, para poder equivocarse. Porque no pocas veces las personas pueden, creyendo que están en lo cierto, incurrir en error. En otras palabras: toda expresión debe ser permitida porque es imposible conocer el bien si se desconoce el mal.

¿Cuántas veces, en investigaciones periodísticas que se realizan a propósito de fenómenos que
ocurren en las sociedades, ocurre que empieza a perfilarse por los datos hasta ese momento disponibles un “malo de la película”, aparentemente muy claro, pero a medida que avanza la investigación resulta que ese malo no era tan malo y había, en cambio, otros malos que fungían antes de acusadores y de portadores del “bien”?

Es muy difícil para un periodista discernir quién o qué está en lo cierto y quién o qué en el error o en la mentira, y por eso es imperioso que goce de la máxima libertad para difundir lo que entienda de interés público, a sabiendas de que puede incurrir en errores que no busca pero que puede cometer.

Porque de la suma de los errores y de los aciertos, de las equivocaciones y de las correcciones, es que a la larga el público se puede hacer una idea más acabada y completa acerca de por dónde debe andar rumbeando la verdad, qué parece estar siendo lo justo y, en definitiva, qué es lo que está bien y qué es lo que está mal.

Pero, insisto: para que haya errores, aciertos, equivocaciones y correcciones, tiene que existir libertad de expresión para incurrir en ellos porque, de otro modo, nos podemos quedar en un acierto que luego puede volverse error por el paso del tiempo o, lo que es peor, nos podemos quedar en el error y vivir equivocados durante mucho tiempo por no tener la libertad de corregirlo.
Siempre hubo, hay y continuará habiendo gente con vocación de censores. Es necesario prevenirse de esa gente. En 1644, los censores eran los que expedían las licencias para imprimir libros. Sobre ellos, caían las sentencias de John Milton. “Nada sé del licenciador”, decía, “sino que aquí está su mano al cuidado de su arrogancia; ¿quién sabrá garantizarme su juicio? ‘El Estado, señor’, responde el librero; pero la contestación es fulmínea: el Estado será mi gobernante pero no mi crítico”. Volviendo a nuestro tiempo, la censura no ha acabado ni mucho menos. Y, para peor, se presenta bajo diferentes rostros.

En Estados Unidos, país construido bajo el pilar básico de la libertad, el terrorismo ha ganado una batalla: hoy la seguridad está por encima de la libertad. Y, entonces, desde el 11 de setiembre de 2001, el gobierno ejerce un espionaje masivo sobre las llamadas y los correos electrónicos de millones de personas, estadounidenses y extranjeras. El presidente Barack Obama confesó, cuando hace un par de años la política de espionaje masivo fue descubierta, que el gobierno sabe quién habla con quién, aunque no conoce qué cosas habla cada uno. Dudo que no sepa también qué hablan entre sí las personas. Pero demos por bueno que sólo sabe quién habla con quién. Si eso es así, entonces el gobierno conoce quiénes son las fuentes de los periodistas. Y si sabe quiénes son las fuentes, las investigaciones periodísticas sobre asuntos de interés público que involucran al gobierno, abortan inmediatamente. Esto es: si el presidente Richard Nixon hubiera tenido en 1972 el poder que el presidente Obama dice ahora que tiene, nunca hubiera ocurrido el “caso Watergate” y Nixon jamás hubiera debido renunciar. Porque si Nixon hubiera sabido que el Nº 2 del FBI era la fuente reservada de los periodistas de “The Washington Post”, aquélla famosa investigación periodística hubiera concluido antes de empezar. Otro rostro terrible de la censura es la violencia que en demasiados países de América Latina azota a periodistas y ciudadanos que tratan de expresar sus puntos de vista con libertad. Los asesinatos de periodistas (más de 500 en los últimos 25 años) están causando una gigantesca autocensura en países como México, Honduras, Guatemala y zonas de Brasil, Perú, Paraguay y Colombia, donde las bandas criminales de narcotraficantes se han establecido con más fuerza. El problema con los asesinatos y atentados contra la integridad física de periodistas no es solamente el horroroso dato de la muerte de una persona, sino, sobre todo, el hecho de que con esa muerte, también se ha matado una idea o una información que esa persona tenía para comunicar a sus conciudadanos. O sea: la muerte de un periodista implica que la gente, a partir de ese crimen, va a estar mucho menos informada sobre asuntos que le interesan. Y no sólo porque ese periodista asesinado ya no podrá hacerlo. También porque sus colegas naturalmente caerán bajo un sistema, consciente o inconsciente, de autocensura, en tanto no querrán correr la misma suerte de quien ha fallecido bajo las balas asesinas del crimen organizado. Finalmente, la censura asumió desde el comienzo del milenio un rostro más sutil, casi angelical, en varios países de la región. Como ya no funciona aquello que hicieron las dictaduras militares en los años ‘70 y ‘80 para horadar o, directamente, suprimir la libertad de expresión, hacía falta una idea nueva, más “potable”. Y la idea comenzó a ser puesta en práctica y camina con inocultable éxito en algunos de esos desgraciados países.

Cuál es la idea? Llegar al gobierno, anunciar que se respetarán las normas más elementales de la democracia republicana para ganar las elecciones y, una vez en el poder, iniciar poco a poco pero sin pausa un plan de demolición de esas mismas estructuras institucionales, arropado por un discurso “popular” y “simpático” que se escuda en las causas más nobles que nadie en su sano juicio puede rechazar. Se trata de las “democracias imperfectas”, por decir lo menos, o las “dictaduras legales”, por decir lo más: regímenes con legitimidad de origen por cuanto los gobernantes han sido electos por los pueblos, pero con inequívoca ilegitimidad de ejercicio, puesto que todos los poderes del Estado pasan a estar en el puño del “líder”, que se ríe de Montesquieu, promueve rápidamente leyes y aun constituciones a su medida, aniquila la independencia del Poder Judicial y, por supuesto, progresivamente va acabando también con la
libertad de expresión. La libertad de expresión es limitada mediante leyes para “salvaguardar” el “honor” de las personas, la “igualdad”, el “respeto”, la “salud mental de los niños”, la “verdad”, la “oportunidad”, la “no discriminación”, el “equilibrio informativo” y demás palabras con las cuales todo el mundo necesariamente está de acuerdo.

Pero, ¿quiénes son los guardianes de todo eso? En todos los casos, burócratas que responden directamente al “líder”, que nos dicen qué podemos leer y qué no, qué podemos escuchar y qué no, y qué podemos ver y qué no. Ellos “nos protegen” de nuestra “ignorancia”. Ellos son “buenos” porque nos apartan de la vista las cosas que son “peligrosas” para nosotros. Ellos piensan por nosotros. Ellos, en definitiva nos censuran.

Para quienes la libertad no es relevante, esto hasta puede ser útil, puesto que no se precisa pensar con la propia cabeza para vivir sin libertad. Pero para quienes creemos que sin libertad no vale la pena vivir, estos son los nuevos instrumentos de cerrojo y de ahogo para este derecho humano. Ahí están, en ese proceso de decirnos cuándo, qué y cómo podemos leer, escuchar o ver determinadas noticias (y cuándo, qué y cómo no podemos hacerlo con otras) los gobiernos de Cuba, Venezuela, Ecuador, Argentina, Bolivia y Nicaragua. Pero simpatizantes de estos sistemas de censura los hay en todas partes. Y por eso, nunca ha de bajarse la guardia. Para concluir, me gustaría afirmar un concepto que muchas veces suele ser esquivo para una cantidad apreciable de ciudadanos: la libertad de expresión del pensamiento NO ES un derecho exclusivo de los medios o de los periodistas. Es un derecho que pertenece PRINCIPALMENTE a los ciudadanos comunes y corrientes. Para el ciudadano común, es tan importante el conocimiento de la opinión ajena o la información de que disponen otras personas, como el derecho a difundir las propias creencias o informaciones. Por eso es que este derecho humano inalienable, irreprimible, indelegable e intransferible debe ser asumido por todos, promovido por todos y defendido por todos, puesto que todos somos sus titulares desde nuestro nacimiento, aunque otros nos quieran hacer creer que lo tenemos gracias a su presunta generosidad. Humildemente, sugiero tener todo el tiempo presente esta magnífica expresión de John Stuart Mill, estampada para siempre en su libro “Sobre la libertad”: “Si toda la humanidad, menos una sola persona, tuviera una misma opinión y esa única persona tuviera la opinión contraria, la humanidad no estaría más justificada en acallar a esa única persona de lo que estaría ella, si tuviera poder, en acallar a la humanidad”.