Libre expresión

Conferencia del Dr. Hebert Gatto 2009

EXPOSICIÓN DE QUIEN RECIBIERA LA MENCION DE HONOR  2009 A LA LIBRE EXPRESION DEL PENSAMIENTO
DR. HEBERT GATTO

Se trancribe la conferencia brindada por el Dr. Hebert Gatto.

 

HGatto

 

GRAN LOGIA DE LA MASONERIA DEL URUGUAY LIBRE EXPRESION DEL PENSAMIENTO MENCION DE HONOR 2009

 

Por resolución de la Gran Logia de la Masonería del Uruguay se ha otorgado la Mención de Honor 2009 a la Libre Expresión del Pensamiento al Dr. Hebert Gatto.
Esta Mención se otorga por tercer año consecutivo a personas o instituciones que han contribuido al desarrollo de la Libre Expresión del Pensamiento.
En acto realizado el 18 de Setiembre de 2009 en el Teatro Municipal de la Ciudad de Rivera, fue realizada una ceremonia que comprendió la entrega del premio del Certamen Literario 2009 , y la Mención de Honor a la Libre Expresión del Pensamiento.

Se incluye a continuación la exposición que hizo el Dr. Hebert Gatto en el mencionado acto.

INTRODUCCIÓN


Corresponde agradecer a la Masonería del Uruguay, este inmerecido premio a la Libre Expresión del Pensamiento, con que ha decidido distinguirme. Es digno de remarcarse que una institución con el prestigio centenario de la Masonería nacional e internacional, defensora incondicionada de la libertad y la dignidad del ser humano, celebre todos los años en la estela de la ley 17.778, la libertad de expresión en el país, que junto a las conexas libertades de conciencia, comunicación y prensa, constituyen una tríada de derechos conceptualmente inseparables. Derechos del espíritu, como se les ha llamado, que junto a la vida y a la igualdad, aparecen como los primeros de ellos formalmente reconocidos -anteriores incluso al Renacimiento en tanto ya presentes en las primeras manifestaciones del derecho natural- así como la base de admisión de los múltiples derechos que los seguirán, en la ya larga evolución moral y jurídica de la humanidad.
Supongo que mi modesto aporte para esta distinción es la referida a la temática de la filosofía política y las ideologías, materias de la que siempre me ocupado, incluso cuando no me proponía expresamente hacerlo, como si el asunto me persiguiera más allá de mi voluntad. En ese campo, en la medida de mis posibilidades, procuré siempre cuestionar tradiciones, especialmente aquellas que más entusiasmo y aprobación suscitaban. No porque tuviera verdades sustitutas para oponer a las mayoritarias, ni mucho menos porque siempre, o la mayoría de las veces tuviera razón, que no era el caso, sino como un ejercicio necesario de escepticismo y sana crítica. Procurando cuestionar o poner en discusión modas, saberes o valores incontrovertidos, especialmente las fórmulas canónicas que en el plano político prometen la realización humana por el solo hecho de entregarse ciegamente a su causa. Justamente porque son aquellas que más fervor y menos disenso suscitan. Quizás esa actitud, que en algunos planos me costó muchos sinsabores y mal entendidos, haya contribuido a este premio que hoy se me otorga. Si así fuera me sentiría más reconfortado, por haber desplazado a tantos, seguramente con más méritos que yo, en lo que a esta distinción refiere.

GRACIAS ENTONCES A LA GRAN LOGIA DE LA MASONERÍA DEL URUGUAY, GRACIAS A LAS LOGIAS DE RIVERA UNION Y FRATERNIDAD RIVERENSE, LOGIAS PAZ Y TRABAJO Y SENDAS, GRACIAS A ESTA CIUDAD DE RIVERA Y A SUS AUTORIDADES AQUÍ PRESENTES POR RECIBIRNOS CON LA CALIDEZ CON QUE LO HAN HECHO Y GRACIAS A LOS HERMANOS BRASILEÑOS, QUE SÉ QUE NOS ACOMPAÑAN EN BUEN NÚMERO.


Elegí para conversar con Uds. un tema íntimamente vinculado con la libertad de expresión y los derechos humanos, o para decirlo con más precisión con la historia de los mismos y su vehículo doctrinario de aparición. El Prof. Eduardo Rabossi, ese ilustre argentino que tanto hizo por su promoción y cumplimiento, ha dicho muchas veces que quien quiera incursionar en su naturaleza, es preferible que hable del “fenómeno de los derechos humanos” de manera de adherir a un enfoque dinámico, que privilegie el carácter histórico, complejo y empírico diríamos, de su aparición en la práctica viva de las sociedades humanas.
Porque de otro modo, si nos ceñimos a un plano puramente abstracto caemos en la necesidad de definir la esencia de los derechos humanos y terminamos, como siempre que se discuten esencias, en discusiones difíciles. Muchas de las cuales terminan a veces en el puro disparateo. Tanto es así que cualquier objeto valioso, desde el aire, la tierra o el agua, parecen exigir que se les atribuya un derecho específico sobre ellos, sin advertir que tales bienes por más vitales e imprescindibles que sean, son presupuestos fácticos y pragmáticos del derecho a la vida misma y por ende al ejercicio de los restantes derechos. No sea que en el deseo legítimo de incluir todo en la órbita de los derechos, generando una inflación de los mismos terminemos, lo que sería lamentable, por debilitarlos, por convertirlos en un recurso manido de uso arbitrario.
Volviendo al intento de definirlos se ha dicho que los derechos humanos son: “Derechos que tenemos todos los seres humanos debido a nuestra dignidad intrínseca, anteriores a su reconocimiento por parte del estado y de carácter inalienable” El problema con esta definición aparentemente ajustada a una intuición que compartimos -sigue diciendo Rabossi-, es que suscita de inmediato una serie de interrogantes. ¿De qué derechos hablamos, jurídicos o morales? ¿Por qué son propios del hombre y no de los animales? ¿Qué significa dignidad intrínseca? ¿No exige ello, ponernos de acuerdo sobre la esencia de lo humano? ¿Existe un derecho natural que los contenga, con anterioridad a su reconocimiento por el derecho positivo? De ser así ¿cuál es su naturaleza? En síntesis ¿Qué significan los derechos humanos? Plantear estas preguntas no significa descalificar a quienes las plantean.
Más bien ocurre lo contrario. Los grandes avances en el terreno de la filosofía política y jurídica del siglo XX, superando una etapa en la que parecía ahogada por el positivismo, han ocurrido precisamente en el terreno de los derechos. Lo acredita la aparición de figuras fundamentales: John Rawls, Michael Walzer, Carlos Nino (el inolvidable maestro tempranamente malogrado), Ronald Dworkin o Jürgen Habermas, para citar solamente algunos nombres señeros en estas disciplinas. Pero el tratamiento de estos temas requeriría un tiempo y seguramente una competencia, que no tiene este expositor.
De cualquier modo, y como les adelantaba, no será este de los derechos humanos y la necesidad de promoverlos, estudiarlos y cumplirlos, el tema estricto de esta charla. Si bien me pareció importante comenzar de esta manera, haciendo mención a los problemas conceptuales que ellos suponen como la mejor forma de introducir el tema y a la vez deslizar una crítica a su uso abusivo. La idea es que provistos de una elemental plataforma de lanzamiento, podamos incursionar en la historicidad de los derechos y destacar el rol del liberalismo y de su legado institucional: la democracia liberal. Más no sea porque recordar la progenie de una institución o un principio siempre arroja luz sobre sus alcances.

DERECHOS HUMANOS Y LIBERALISMO

El proceso que se inició con el advenimiento de la modernidad encontró su cauce de expresión en el liberalismo, la corriente política ideológica que a partir del siglo XVII, inspiró y se nutrió de las revoluciones inglesa, americana y francesa. Por más que estas revoluciones no surgieron de la nada, ni menos lo hizo el liberalismo que las inspiró; tienen una prehistoria de reivindicaciones que se pueden rastrear en la antigüedad y el medioevo (estoicos, Cicerón, padres de la Iglesia, Suárez, Grocio, la escuela de Salamanca). Aún cuando será con la modernidad, ya avanzado el siglo XVII con el formidable impulso de John Locke, donde emergerán los elementos novedosos que confluirán en el liberalismo y con él en los derechos humanos y las instituciones que los sustentaron.
En el siglo XVI, comenzará la transformación económica en el norte de Europa con los descubrimientos y los iniciales atisbos del capitalismo comercial. Concomitantemente, en un proceso no lineal, surgirán: la burguesía como nueva clase social ansiosa de liberarse de trabas políticas y económicas del pasado, los estados nacionales, el humanismo y su revolución de las mentalidades y el individualismo, desplazando el eje de lo colectivo a lo individual. Junto a ellos, en medio del torbellino de la secularización, se consolidará el racionalismo, una nueva moral autónoma, el cambio en la concepción de la ciencia, el lugar cada vez más preeminente de la libertad personal y una diferente estimativa del Derecho, todo lo cual confluirá en una nueva y más rica mentalidad que encontrará en el liberalismo su mejor expresión y fundamentación.
Sostiene Gregorio Peces Barba, el gran teórico español de los derechos, que tres acontecimientos sintetizaron o emblematizaron los complejos procesos recién descriptos. Los debates suscitados por las prolongadas guerras de religión que acompañaron la aparición del protestantismo en el siglo XVI y que culminaron con la aceptación de la idea de tolerancia –la admisión de las ideas ajenas, religiosas primero y generales más tarde- que cerraron este ciclo con un terrible saldo en vidas humanas. Las fundamentales reflexiones sobre los límites del poder regio, primero en Inglaterra con la gloriosa Revolución del siglo XVII, luego con el examen de la independencia nacional de las colonias y las condiciones de la obediencia política ciudadana en las primeras formulaciones de derechos de la revolución americana -rescatando la idea medioeval del consentimiento como fundamento de la obediencia política-, más avanzado el proceso, la universalización de los derechos, extendiéndolos a todos los seres humanos sin distinción, en las sucesivas declaraciones del pueblo francés. A ello se sumó, como tercer elemento, el impacto del humanismo renacentista en todos los ámbitos de la cultura, especialmente en aspectos como el derecho penal y procesal de las monarquías, con su desprecio por la dignidad de los acusados, privados, como revelan los juicios inquisitoriales, de su calidad de seres humanos.
Todo este conjunto de acontecimientos, aupados por las burguesías y el flamante estrato de los “intelectuales”, confluirán en el cuestionamiento del poder regio, del absolutismo y las morales heterónomas basadas en la autoridad de Dios y del monarca, para redescubrir sobre nuevas bases al moderno contractualismo en sus diversas manifestaciones (el poder político se basa en un contrato por el cual los ciudadanos aceptan darse un gobierno y obedecerlo, a cambio del respeto de sus derechos en un clima de paz y seguridad), el parlamentarismo (esa autoridad está constituida por representantes de los ciudadanos, electos por ellos mismos), la separación de poderes, como control recíproco de los mismos y fundamentalmente, los derechos humanos de primera generación, (derecho a la vida, a la libertad y a la igualdad), como objeto y fin de todo gobierno. A los que muy pronto seguirán los derechos políticos de la ciudadanía como asiento de la soberanía y defensa frente al estado.
Todo este colosal esfuerzo de sistematización y fundamentación de principios, será perfeccionado y coronado por el constitucionalismo (un documento solemne donde se plasmarán las grandes líneas del contrato social y político y los derechos fundamentales). En un largo proceso liderado por los grandes nombres del pensamiento pre liberal y liberal desde Grocio (1583-1645), Hobbes (1588-1679), Spinoza (1632-1677), Pufendorf (1632-1694), Locke (1632-1704), Montesquieu (1689-1755), Voltaire 1694-1778), Kant (1724-1804), Beccaria (1738-1794), Condorcet (1743-1794), Humboldt (1767-1835), J.S.Mill (1806-1873) entre otros, hasta los liberales contemporáneo regidos por la figura tutelar del recientemente fallecido John Rawls, además de Berlin, Dworkin, Hart y una pléyade de filósofos políticos.
Los primeros derechos humanos reconocidos, junto a las bases éticas de su fundamentación se nutrirán de este humus históricamente condicionado, a través de que se denominó el liberalismo clásico, el mismo que se plasmó institucionalmente en la democracia liberal. Por lo tanto no se trató de una corriente de pensamiento abstracto separado del espacio y el tiempo, generado por la pura reflexión o por una estrategia axiomática, que partía de principios verdaderos en sí mismos, como mucho de sus autores pensaban, sino como decíamos, de una reacción a las necesidades de los hombres de los siglos XVI, XVII y XVIII. Por más que estas respuestas que dan forma al liberalismo y luego, hasta llegar a nuestros días a sus transformaciones, puedan ser tan variadas como el ámbito particular en que surgen. En esa compleja dialéctica entre la particularidad de cada entorno y las características permanentes, pero de difícil señalamiento que definen a un hombre pero que invariablemente conducen a un invariante supra histórica: su dignidad. Entendiendo por tal su autonomía y racionalidad, como rasgos de su ser y no de su poseer.
Es evidente por otra parte, que no alcanzaba con que estos derechos, articulados por el liberalismo, aparecieran en la conciencia de las élites y ganaran espacio -más como una aspiración intuitiva que como un pensamiento articulado-, en las capas más populares de la población, comenzando por la burguesía en ascenso mucho más iletrada de lo que se piensa; resultaba necesario para consolidarlas que se transformaran en derecho positivo, en constituciones y leyes que respaldaran su cumplimiento mediante el poder coactivo del estado, cumpliéndose el proceso que hace que a la corta o a la larga las necesidades sociales, expresadas como opinión pública demandante, culminen en su reconocimiento jurídico. El análisis histórico confirmará esta reflexión reflejando la unidad entre derechos fundamentales y liberalismo. Por más que el liberalismo no fuera la única doctrina que pugnaba por su reconocimiento político.
Junto al naciente liberalismo, callada durante siglos, denostada pero no muerta, subsistía la concepción democrática que, desde la Grecia clásica al republicanismo renacentista, argumentaba que la única forma de libertad es aquella donde los ciudadanos, mediante su directa intervención en el gobierno deciden las obligaciones y derechos que regirán su convivencia, a través, como diría Rousseau, de la voluntad general, una expresión que en la teoría era más que la voluntad de todos, en tanto símbolo de la expresión de la comunidad. La libertad, potestad igualitaria, indelegable y activa, se ejerce participando en la asamblea. El ciudadano es libre y digno en tanto, cumpliendo su parte en el contrato ejerce sus prerrogativas cívicas y, como natural contrapartida, acepta la obligatoriedad de la decisiones comunes al abrigo del orden político así conformado y sin ningún ámbito de privacidad.
Cuando este legado es retomado en Europa y las colonias inglesas, pese a todas las diferencias que podía suponer la vida en Atenas que en Esparta o en Tebas, la democracia es utilizada para contraponerla a la monarquía donde el gobierno aparecía monopolizado por uno. Aún cuando, en los inicios de los procesos revolucionarios, la democracia continuaba teniendo mala prensa, como forma corrupta del gobierno del pueblo como la había calificado Aristóteles. Debido a ello los revolucionarios acudían a la figura de la República, en su versión medioeval, como gobierno de todos, tal como característicamente hacían Madison, Jay, Jefferson o los enclopedistas. Uno de los primeros en reutilizar la palabra democracia, fue Robespierre ya al fin de su dictadura, en un discurso en la Convención de 1794. En cualquier caso la expresión continuó mal mirada hasta mediados del siglo XIX, cuando la rescata Tocqueville, por ello bien puede sostenerse que la democracia desapareció durante dos mil años del lenguaje político, siendo rescatado recién cuando el liberalismo, a menudo a su pesar, terminó por legitimarla.
En la óptica democrática la soberanía, el poder último de decisión, descansa en el pueblo y este la ejerce directamente, como en la versión clásica griega, o indirectamente a través de representantes en su formulación moderna. Por más que la introducción de la representación importaba un cambio radical respecto a la forma clásica, donde la asamblea popular, a la que podían asistir todos los ciudadanos (varones, nacidos en la polis de familias ciudadanas), tenía un lugar central en el gobierno. De todos modos incluso en su nueva expresión representativa, la democracia era esencialmente una forma de gobierno de los ciudadanos de la polis al que difícilmente se podía denominar estado, centrado casi exclusivamente en la vida pública y las condiciones atingentes a la misma. Fustel de Coulanges, en su celebrada obra “La ciudad griega”, refiriéndose a la vida de sus componentes en ella expresó “...uno de los más extraños errores que puede cometerse es creer que en las ciudades antiguas los hombres gozaban de libertad, cuando lo cierto es que no tenían ni la más remota idea de la misma….Tener derechos políticos, nombrar magistrados, poder ser designado arconte –a eso se llamaba libertad- , pero no por ello los hombres eran menos esclavos del estado” La libertad, era por consiguiente puramente política, participar como “polites” o ciudadanos en las decisiones públicas, pero incluso en ella quedaban sujetos al ostracismo, votado por la Asamblea sin expresión de causa.
No ocurre lo mismo con el liberalismo Como decíamos, su esencial novedad –y su originalidad en la historia del pensamiento político- es que mira el poder desde la óptica de los derechos de los ciudadanos y no ya desde el estado. Eso lo coloca mucho más allá que una forma de gobierno, aunque sea la mejor de ellas. En definitiva ¿Por qué, se pregunta el liberal, debo obedecer a las autoridades?, a lo que contesta, únicamente debo hacerlo si acepté hacerlo y exclusivamente en los límites de esa conformidad. El contrato social, que establece que el estado se establece primordialmente para tutelar los derechos humanos de los gobernados, será para él el artificio que legitima, que da razón, de esa aceptación.
Como consecuencia, ambas tradiciones, obedientes a lógicas disímiles
-individualista una, colectivista la otra, desde el poder una, mirando al hombre la otra-, presentaban carencias también diferentes. La primera, la democracia antigua o radical, inaplicable a los grandes estados modernos, no asumía que la voluntad general, aún siendo la del pueblo, requería de límites a sus eventuales desbordes, so pena de convertirse en dictadura de la voluntad general o de la mayoría; por su lado el primer liberalismo, no sólo reducía en la práctica sus beneficios a estratos minoritarios (varones blancos con ingresos) sino que se atenía, prioritariamente, a limitar al poder público, sin destacar la importancia del ejercicio de la participación política activa, ni destacar el necesario rol del estado en la positivización y defensa de los derechos humanos progresivamente ampliados en su elenco.
El demorado pero inevitable encuentro de ambas tradiciones, hasta hoy conflictivo y difícil, despuntó con énfasis en el siglo XVIII en Estados Unidos e Inglaterra, en el XIX en Francia, centrado en la protección del individuo frente al Leviathan- Primero con la revolución norteamericana e inglesa y con mayor vigor en los aspectos participativos y por ende propiamente democráticos con la francesa, consagrando una conflictiva síntesis que hoy se conoce como la “democracia liberal”. Como dirá Benjamín Constant, uno de sus primeros publicistas, en la democracia antigua, destacando las diferencias entre la libertad antigua y la moderna: “cuanto más tiempo y más energía consagraba el hombre al ejercicio de sus derechos políticos, más libre se creía. En la clase de libertad que nos corresponde a nosotros, (estado liberal) ésta nos resultara más preciosa cuanto más libre para asuntos privados nos deje el ejercicio de nuestros derechos políticos” La simbiosis, precariamente lograda, supuso, por un lado, participación de los ciudadanos en los asuntos comunes -no ya directamente, imposible en el estado de masas, sino a través de representantes-, por otro, la sanción de los primeros derechos humanos concebidos como vallas infranqueables al poder político.
Tocqueville, nos permite visualizar el proceso. En 1835 en la Democracia en América, tema a la democracia como gobierno de la mayoría porque no advierte el contrapeso del liberalismo al poder estatal. Sin embargo para 1848 comprende que ambas corrientes se han fusionado para oponerse a lo que el califica como el desafío del socialismo, que en esa época, con Proudhon y Fourier, suponían la prioridad del estado sobre el individuo. “La democracia y el socialismo –dirá- están únicamente vinculados por una palabra: igualdad; pero obsérvese la diferencia, la democracia quiere la igualdad en la libertad y el socialismo quiere la igualdad en la pobreza y la esclavitud”. La libertad y la igualdad seguían enfrentadas, pero como sugerirá Sartori, ahora la igualdad enemiga de la libertad se encontraba en el socialismo mientras que la igualdad congruente con la libertad se hallaba en la democracia liberal, la nueva síntesis de mediados del siglo XIX.
Partiendo de los logros del liberalismo en el plano ideológico, acompañando los mismos o en ocasiones precediéndolos -sabido es que los procesos culturales no mantienen una correspondencia precisa ni necesaria con sus correlatos materiales-, desde los siglos XVI y XVII se incorporan derechos a la legislación positiva de los diferentes países: en las colonias inglesas de América del Norte con las “Fundamental Orders of Conneticut” de 1639, con el “Body of Liberties of Massachussetts Bay” de 1641 y en Gran Bretaña con la “Petition of Rights” de 1628, con el “Habeas Corpus Amendement Act” de 1679 y con el “Bill of Rights” de 1688. Estas declaraciones, emanadas de la tradición del derecho natural renacentista, que en el juego de acciones y reacciones a su vez contribuyen a perfilar al liberalismo van adquiriendo consistencia constitucional, así la Declaración de Derechos del Buen Pueblo de Virginia de 1776 decía en su número primero “Que todos los hombres son por naturaleza igualmente libres e independientes y tienen ciertos derechos innatos, de los que, cuando entran en estado de sociedad no pueden privar o desposeer a su posteridad por ningún pacto, a saber: el goce de la vida y la libertad con los medios de adquirir y poseer la propiedad y de buscar y de obtener la felicidad y la seguridad”, mientras en la misma línea, la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, sostendrá “….Sostenemos por evidentes, por sí mismas, estas verdades: que todos los hombres son creados iguales, que son dotados por su Creador de ciertos derechos inalienables, entre los cuales están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad…..”. En una formulación que adelantándose a desarrollos contemporáneos, asimilará el bien, concebido como la libre búsqueda por cada uno y por ende por todos, de su felicidad individual, como el supremo objetivo de la organización social. A su vez la Declaración francesa de 1789 se referirá en su preámbulo a “los derechos naturales, inalienables y sagrados del hombre” al tiempo que en su artículo primero afirmará “Los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos” El artículo 72 de la Constitución uruguaya, adhiriendo a este liberalismo de raíz jus-naturalista, dirá que La enumeración de derechos, deberes y garantías hecho por la Constitución, no excluye los otros que son inherentes a la personalidad humana o se derivan de la forma republicana de gobierno”
Pero serán, además de la teoría, las propias instituciones –desde la separación de poderes o las garantías penales a un Poder Judicial independiente- pergeñadas por la práctica viva del liberalismo, las que darán dimensión jurídica a los derechos, procurando su realización como el objetivo último de la razón de ser del estado y garantía de los ciudadanos. El estado, como insiste permanentemente el liberalismo, existe para dar cobijo a los derechos y éstos a su vez para defender al ciudadano frente a los terceros pero fundamentalmente ante la codicia expansiva de la política y del propio estado, lo que no deja de ser una ambigüedad constitutiva.
En su práctica histórica posterior ambas dimensiones –estado y libertades o derechos- tendieron cada vez más a su expansión: la democrático participativa, ansanchando el área de inclusión de la ciudadanía (mujeres, pueblo llano, minorías étnicas, analfabetos), la liberal ingresando y constitucionalizando derechos cada vez más variados (civiles, políticos, sociales, culturales, ambientales, etc.). Pero es obvio que ambos aspectos, conservaron siempre contradicciones genéticas: así los derechos, pensados originariamente como inmunidades frente al estado, zonas en que este no debía penetrar, requirieron paradojalmente la asistencia de ese mismo estado para su implementación, aplicación y cumplimiento.
Como es sabido la presencia, a partir de las primeras décadas del siglo XIX, de corrientes de origen social y sindical, emanadas de la creciente gravitación de la clase obrera, invirtiendo sus primeras formulaciones de rechazo al estado burgués, se sumaron al proceso de afianzamiento de la democracia liberal inicialmente abierto por la modernidad. Estos estratos, prolongando demandas anticipadas por las corrientes jacobinas, exigieron derechos socioeconómicos igualitarios que permitieran a las mayorías populares disponer de condiciones de vida adecuadas para ejercer y gozar el elenco de derechos y libertades constitucionalmente otorgadas. Ya sea participando políticamente (dimensión democrática), como disponiendo con más plenitud de su vida privada (dimensión liberal), en parecidas condiciones materiales y espirituales que la burguesía (justicia social).
Llegada la segunda década del siglo XIX, con la fulgurante aparición de Carlos Marx y en menor medida del anarquismo, este proceso de expansión de los derechos, volviendo a sus comienzos, alterará en cierto modo su desarrollo o por lo menos introducirá fuertes dudas respecto a su conveniencia para los sectores obreros empobrecidos por el desarrollo imparable de la revolución industrial. Bajo el creciente influjo del marxismo, el socialismo se proyectará como alternativa de la democracia liberal, proponiendo no su perfeccionamiento, sino su abolición en tanto fórmula funcional a la explotación capitalista en los estados centrales. Para los marxistas la libertad burguesa constituía en mero engaño, un ardid de la clase dominante para obtener franquicias económicas, o un auto engaño producto de la enajenación en el mejor de los casos, mientras los medios de producción permanecieran en manos de la burguesía. El cese de la explotación humana y la realización del individuo sólo se conseguirían con una revolución que transforme la realidad económica y su régimen de propiedad. Pero entonces, consolidado el proceso transformador, desaparecerán la política, el estado, el gobierno, la división entre lo público y lo privado y los mismos derechos humanos resultarán innecesarios. Así en medio de la sociedad de la abundancia, sostendrá Carlos Marx, concluirá la prehistoria de la humanidad.
A su vez, desestimando el esfuerzo de generaciones, el marxismo sugirió que los derechos humanos habían sido consagrados por el derecho positivo de los estados nacionales como una respuesta a las demandas de la burguesía para desarrollarse sin las trabas que les oponía la economía feudal. Con ello confundió las exigencias de un mercado unificado con libertad de comercio e industria indispensables para superar la economía feudal y abrir paso al capitalismo, con los derechos civiles y políticos, no necesariamente relacionados con la economía, defendidos por el primer liberalismo. Mezcló así al liberalismo con la escuela de Manchester partidaria del laissez faire, o con el utilitarismo filosófico de Bentham, sin advertir que partían de premisas y problemas diferentes y de ese modo terminó desvirtuando a los derechos humanos promovidos por el liberalismo. En la actualidad China y Viet Nam son ejemplos vivos de cómo el capitalismo y la burguesía (nueva o vieja), sólo requieren para su progreso, libertad económica y gobierno dispuesto a secundarlos y para nada las restantes libertades ciudadanas, que frecuentemente constituyen una traba.
La U.R.S.S. por su lado, mostró como la modernización económica y militar puede obtenerse en condiciones de despotismo y Cuba probó como el autoritarismo no siempre consigue la modernización y el desarrollo económico. Pero lo cierto fue que este nefasto error histórico, hizo que el socialismo marxista se mostrará enemigo raigal del liberalismo y durante parte del siglo XIX y el XX, se distanciara como consecuencia, de los derechos humanos; política que exhibió la U.R.S.S. durante sus setenta años de historia. Por más que, como vimos, los sindicatos, contrariando de hecho sus premisas teóricas, se plegaran a una práctica reformista y evolutiva de mejoras parciales y reivindicación de derechos, que en las naciones centrales, cambió definitivamente la suerte del proletariado.
El siglo XX fue un siglo de crueles desafíos para el estado-liberal, al comentado reto del estado soviético se sumó la terrible amenaza del fascismo, decidido a terminar con un estado al que consideraba culpable de la decadencia biológica de la civilización occidental en su conjunto. Nada más antitético que la universalidad de los derechos humanos frente al crudo particularismo de la raza, la sangre y el suelo, con el que los fascistas pretendieron edificar una nueva humanidad. El hombre nuevo soviético y el superhombre nacional-socialista, ambos con diferentes motivaciones y programas, pero hermanados en primera instancia por el totalitarismo que los distinguía abjuraron del pretendido homo liberal, individualista, racionalista, discursivo, argumentativo, egoísta, escudado en sus derechos, y en definitiva, para ellos, carente de solidaridad. Su objetivo confeso fue destruirlo, uno para instaurar la verdad de la raza, el otro para instaurar la verdad de la clase. En los dos casos abjurando expresamente de los derechos humanos para consagrar con diferentes motivaciones el totalitarismo antiliberal como modo de vida social y político.
Vencidos ambos, las amenazas a la democracia liberal siguen vigentes. Ella continúa cargando en gran parte del mundo (justa o injustamente), con la responsabilidad por la desigualdad, la pobreza, la marginación y la exclusión de sectores cuantitativamente variados de su población, que en el caso de los países subdesarrollados varía de una cuarta parte a más de la mitad de ella. Frente a un pequeño grupo de países que han conseguido una integración social aceptable, la democracia liberal como fórmula política y modo de convivencia sigue prometiendo lo que no logra. En algunos casos incluso, retrocediendo en el plano de la justicia social, donde la marginación gana terreno. Ello impone reformarla, otorgarle transparencia, equidad y cercanía con la ciudadanía. En suma honrar los derechos humanos ya suficientemente reconocidos en las declaraciones nacionales e internacionales e iniciar el proceso de cumplimiento efectivo de los mismos, que para eso y sólo para eso existe el estado.
Pero eso no lleva a pensar que, como escribió John Rawls, la libertad como autonomía de hombres y mujeres, pueda ser superada en aras de la integración o de la equidad. Con demasiada frecuencia se olvida que sin el liberalismo –una palabra que inexplicablemente sigue conservando mala prensa-, sin el estado liberal de derecho no habría derechos humanos, ni garantías de su cumplimiento, ni defensas frente a la opresión y el despotismo del estado. De poco serviría un mundo integrado, sin diferencias sociales, donde todos sean esclavos y nadie piense con su propia cabeza. Del mismo modo que no es una realidad aceptable la de una minoría de afortunados, ya sean naciones o ciudadanos, en el pleno goce de sus derechos, rodeados de una mayoría desposeída y marginada, como ya ocurre en África y varios países de América.
Pese a estas decepciones el liberalismo no baja los brazos en su defensa de la libertad humana. Los aportes del denominado liberalismo igualitarias de John Rawls o de Jurgen Habermas, sobre el estado social de derecho y el patriotismo constitucional, constituyen las contribuciones teóricas más importantes de la actual filosofía política en su conjunto. Un conjunto variado y rico de reflexiones, JWHGattoque pese a desarrollarse en la lógica del capitalismo un modo de producción que por el momento carece de alternativas viables, rechaza las monstruosas desigualdades que éste, dejado a su suerte, genera de modo incremental. Por ello resulta imprescindible hallar en el campo económico, pese a lo complejo del desafío, las fórmulas adecuadas para conseguir el crecimiento sin desmedro de la equidad, las que en lo previsible, pasarán por una adecuada, pero novedosa combinación de mercado y estado y un diferente rol de la sociedad civil, una dimensión donde mucho puede hacerse. Además de un imprescindible nuevo orden internacional que supere el egoísmo de los poderosos en aras de un mundo más justo donde a nadie se le nieguen sus derechos. Por ahora poco más que un deseo. MUCHAS GRACIAS.